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VIDAL LLERENAS

Vidal Llerenas: El salario mínimo en México y América Latina

Lunes, 12 de Mayo de 2014 a las 10:02 Por: Vidal Llerenas / @vidallerenas
Vidal Llerenas, legislador del PRD en el DF.(Cortesía)

Vidal Llerenas es diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) por el PRD, fue diputado federal y subsecretario de Egresos del Gobierno del DF de 2006 a 2009. Estudió Economía en el ITAM y es doctor en Gobierno por la Universidad de York.

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Parece mentira tener que recordarlo, pero el salario mínimo es un instrumento de política económica, utilizado en la mayor parte de los países del mundo, para regular el mercado laboral de tal manera que exista un límite al salario más bajo.

No es una medida que haya inventado el gobierno venezolano (que efectivamente hace unas semanas decretó un incremento evidentemente insostenible del mismo por su magnitud), tampoco es una política exclusiva de los sofisticados sistemas de bienestar europeos. Se trata de algo establecido en América Latina, en los propios Estados Unidos (célebres por sus raquíticas redes de protección social) y muchas otras partes del mundo.

Los salarios mínimos se consolidan en la posguerra como parte de un nuevo pacto social, con la intención de eliminar las causas del conflicto y compensar parte de sus consecuencias. El caso, ahora que se supone que Thomas Pikkety es lo que leen los economistas, es que se trató de una construcción política de instituciones, que permitió, junto con otras medidas, reducir la desigualdad.

Elevar y, por lo tanto, mejorar la distribución del ingreso. Para lograrlo se requiere de un verdadero pacto nacional nacional en el que todos los actores  asuman los costos que se requieren para alcanzar un gran objetivo, disminuir las diferencias de ingreso en la sociedad.

El salario mínimo en México era parte del pacto corporativo mexicano, importaba en la medida en que servía de bandera al sector obrero y era aceptado por el empresarial como parte de las reglas del juego. La caída del mínimo a niveles absurdamente pequeños se debió a las políticas de control inflacionario en los años 80, a la pérdida de influencia de los sindicatos en las decisiones de política económica y a la idea de que, en ningún caso, es buena idea regular los salarios.

La verdad es que el estado actual del salario mínimo nacional puede darle al país un bono para reducir la desigualdad en términos de ingreso en el mediano plazo. Me explico.

Si realizamos incrementos paulatinos, pero crecientes, del mínimo, hasta niveles que no afecten de manera importante a la competitividad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas que serían más sensibles, podemos empujar a la alza los salarios de quienes menos ganan. El resultado sería un mayor ingreso disponible para las personas de bajos ingresos, con efectos evidentes en el mayor consumo de alimentos, de bienes durables de primera necesidad e incluso en educación y en ahorro. Tendríamos una mayor demanda agregada, pero también mayores niveles de bienestar entre población en pobreza, como efectos positivos para ellos, y para el resto de la sociedad.

La medida por supuesto que tendría riesgos y costos. Esa es la regla de toda política pública y especialmente de las que regulan a los agentes económicos. Es por eso de que los incrementos tendrían que ser paulatinos y en su puesta en marcha se requerirá  vigilar el comportamiento de las principales variables macro.

Sin embargo, como México tiene un salario mínimo mucho menor que al resto de las economías de ingresos bajos y medios, no tendría que haber un problema de competitividad si solamente se ajusta paulatinamente al estándar regional. Los efectos inflacionarios también podrían ser controlados. Actualmente no son los salarios lo que presionan los precios a la alza, sino las fluctuaciones en el precio de los alimentos y los altos precios que pueden imponer las compañías con poder monopólico.

Tampoco es evidente que el desempleo formal se incrementaría solamente por ajustar dicha variable. Lo que es verdad es que la medida tendría que ser acompañada de políticas que apoyen a las empresas a construir una relación productiva de colaboración con sus empleados. El salario mínimo tendría que ser una política que se acompañe de políticas para fomentar la estabilidad laboral, la capacitación y la asimilación de nuevas tecnologías por parte de los trabajadores, algo que está absolutamente fuera de la agenda nacional y las prioridades gubernamentales.

El nuevo pacto con los trabajadores tiene que ser distinto al corporativo que construyó el PRI y que de alguna manera persiste. Se debe basar en un nuevo sindicalismo, transparente y representativo. Esa, la sindical, es una reforma que a nadie le importa. La representación sindical efectiva es otra forma de regular el salario a la alza y la ausencia de la misma también explica la caída salarial en México.

El nuevo pacto implica que la flexibilidad laboral no sea la principal estrategia gubernamental para generar empleo, sino, como también sucede en otras naciones el gobierno invierta en política eficaz  de reinserción laboral, de generación de competencias, de seguros de desempleo, financiados con recursos públicos, para mantener a los trabajadores en la formalidad.

Increíble, pero en México, de repente no nos dimos cuenta que la política laboral existe y que puede servir enormemente para lo que ha sido nuestro principal problema en la sociedad: la desigualdad.

Incrementar el salario mínimo puede ser el inicio de la puesta en marcha de instituciones y políticas públicas que regulen el mercado de trabajo para proteger a los que menos perciben. No se trata de subir los salarios por decreto, se llama Estado de Bienestar y se construye para compensar la tendencia de la economía a profundizar las diferencias de ingreso.

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